El gobierno nacional analiza el otorgamiento de un aumento en las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Algunos miembros de la administración intentan hacer el ajuste trimestral teniendo en cuenta la tasa de inflación, otros se niegan, teniendo en cuenta que las finanzas públicas se encuentran en una posición crítica.

Mientras se discute esta medida, se considera otro tema: luego de suspenderse la Ley de Movilidad del gobierno anterior y se administren los montos por decreto, podrían iniciarse numerosas demandas.

Las voces en discordia

La Oficina de Presupuesto del Congreso de La Nación Argentina informó que el sistema tiene 6,6 millones de beneficiarios para solo 9,8 millones de contribuyentes, de modo que sólo se puede cubrir el 40% de la remuneración media.

Es un drama crónico de la Argentina, no solo en términos de jubilaciones, sino también en términos de gasto público en general; hay más salidas que entradas, lo que dificulta enormemente cualquier decisión.

Existe cierta discreción en este debate, considerando que el aumento se implementa a través de un DNU dado al límite que impone la aceleración del déficit presupuestario.

El decreto establecería montos a cobrar para los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año, por lo que el Gobierno Nacional debe tomar en cuenta incrementos en la canasta básica, medicamentos y otros, para que los jubilados no pierdan tanto poder adquisitivo.

A su vez, otros funcionarios refieren que, desde la referencia a la variación de precios y salarios en el trimestre anterior a los seis meses de aplicación, según lo establecido por el mecanismo anterior, pese a las severas limitaciones fiscales por cuarentena, los recursos fiscales son frágiles, mientras que el gasto sanitario y social aumenta y se genera incertidumbre, agregando nuevos factores de análisis sobre el porcentaje de ajuste.

La propuesta no es suficiente

El Palacio de Hacienda estaría presionando para que se reconozca la inflación y se dé un aumento considerable a la clase pasiva, en defensa del ya débil poder adquisitivo que padece.

El equipo del ministro Martín Guzmán fue informando que la intención es que las pensiones se ajusten al acumulado del último trimestre del IPC Indec, es decir, 1,5% abril, 1,5% mayo y 2,2% junio.

Si el puesto antes mencionado gana esta emisión, el próximo ajuste por retiro para el trimestre septiembre-noviembre sería del 5,3%.

La ANSES, encabezada por María Fernanda Raverta, se sumó a la lucha tratando de tener una pensión más alta que el costo de vida actual, aunque sea una pequeña parte de lo perdido por personas mayores, estableciendo un piso que rondaría el 7%, para elevarse dos puntos por encima de la inflación declarada para el segundo trimestre de 2020.

La Ley de Movilidad, por encima del DNU

Sin embargo, si se hubiera aplicado la Ley de Movilidad, el reconocimiento habría alcanzado el 10,6%.

Su formulación toma en cuenta el trimestre del semestre anterior al reajuste de jubilaciones, que se desarrolla en el 70% de la variación en el Índice de Precios al Consumidor (8.83%), y el 30% del incremento en la RIPTE, que fue del 14,72%.

Es comprensible que quienes se ven perjudicados por sucesivos DNU crean que es oportuno reclamar la vigencia de la ley sancionada.

Asimismo, en la Ley de Ampliación Presupuestaria para 2020, se elevó la partida de Seguridad Social a $ 2,63 billones, 41 por ciento más que el año pasado 2019 ($ 1,87 billones) en armonía con la proyección de inflación de consultores privados.

“La realidad es que hay una expectativa considerando que hay un proyecto Raverta que no parece muy adecuado, ya que establece que el ajuste de las pensiones se tiene que hacer tomando en cuenta el crecimiento del PIB y la recaudación de impuestos.

La movilidad tiene que garantizar la posibilidad de comprar bienes y en un contexto de caída de tarifas, eso no sería posible ”, explicó la experta en Seguridad Social Andrea Falcone.

No solo es necesaria cierta razonabilidad en la decisión, teniendo en cuenta que los jubilados ya han perdido mucho, sino también teniendo en cuenta el riesgo de multiplicar el número de demandas.

“Si la diferencia es menor al 4%, ningún juez le prestará atención, pero si es mayor volveremos a ver una cascada de juicios”, advirtió Falcone, agregando que “los jubilados del mínimo acumulan un deterioro del 4% en términos, pero como máximo ya han perdido el 14%, yo tengo una cantidad enorme de juicios sobre este tema”.